La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladímir Putin.
El Kremlin insistió en que todas las decisiones de la Corte Penal Internacional (CPI), que el pasado viernes emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladímir Putin como presunto responsable de la deportación de niños ucranianos, no tienen valor legal para Rusia.
«Consideramos jurídicamente nula cualquier decisión del tribunal penal internacional, al que tampoco reconocemos», declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.
Preguntado acerca de si el reconocimiento de Alemania de la orden de arresto de Putin podría conducir a la ruptura de relaciones entre los dos países, Peskov respondió que «Rusia ha hecho y va a hacer todo lo que de la mejor manera se corresponda con sus intereses».
El ministro de Justicia de Alemania, el liberal Marco Buschmann, celebró la decisión de la CPI de emitir una orden de arresto contra Putin. El mandatario ruso «es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia», dice la acusación formal que argumenta la emisión de la orden de arresto.
Los delitos de los que Putin es acusado ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el «territorio ocupado de Ucrania», señaló la CPI, que considera que hay «motivos razonables» para creer que Putin tiene «responsabilidad penal individual» por el crimen de guerra que supone la deportación de menores.
Junto con la orden de detención contra el presidente ruso, la sala de cuestiones preliminares de la CPI emitió también una segunda orden contra la comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova, bajo la misma acusación.